SUTEBA MARCOS PAZ
miércoles, 16 de diciembre de 2015
Rechazo al DNU de Macri
Desde
el Consejo Ejecutivo de la Seccional Marcos Paz,
expresamos nuestro rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015
firmado por Mauricio Macri, que modifica la ley de ministerios. En el
artículo 23 de dicho decreto se expresa :“compete al MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y DEPORTES asistir al Presidente de la Nación y al Jefe
de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en todo lo
inherente a la Educación, de conformidad a lo establecido por las
Leyes Nros. 24.195, 24.521, el Pacto Federal Educativo
(Ley N° 24.856) y a las demás leyes y reglamentaciones vigentes y
que se dicten en consecuencia, y al Deporte…”
Respecto a las leyes allí citadas señalamos que las tres fueron sancionadas durante el gobierno de Carlos Menem.
La ley 24.195 (ley federal de Educación) fue derogada explícitamente por el artículo 132 de la ley 26.062 ,la ley de Educación Nacional vigente a la que el Suteba Bahía Blanca también criticara oportunamente por considerar que tenía más elementos de continuidad que de ruptura respecto al anterior instrumento legal .
La ley 24.586 refiere al Pacto Federal Educativo firmado en 1993 que legitimó la transferencias de escuelas secundarias a las provincias profundizando la política de la dictadura militar que ya había transferido las escuelas primarias .Esta norma ya no rige y fue reemplazada en el 2005 por la ley de Financiamiento Educativo que se propuso alcanzar la meta del 6% del PBI en inversión educativa para los 5 años siguientes pero no modificó la estructura de 24 sistemas educativos (uno por provincia) con sus secuelas de fragmentación y desigualdad.
La ley 24.521 de Educación Superior, también del gobierno menemista, sigue hoy vigente con algunas modificaciones.
Lo expuesto pone de manifiesto que los funcionarios entrantes o bien desconocen las leyes vigentes o se remiten a leyes derogadas por compartir sus postulados político-educativos. El ministro Esteban Bullrich ha manifestado que se trata de un "error", pero el decreto aún no ha sido modificado.
En cualquier caso, afirmamos que no va a ser por decreto que se de solución a los males que padece la educación pública .Somos quienes trabajamos en educación como docentes y auxiliares, quienes asisten como estudiantes a la escuela pública y las familias que envían a sus hijos e hijas a las mismas ,quienes deberíamos ser los primeros partícipes en la elaboración de un nuevo instrumento legal que asegure el acceso al conocimiento para el conjunto social como un derecho inalienable.
Respecto a las leyes allí citadas señalamos que las tres fueron sancionadas durante el gobierno de Carlos Menem.
La ley 24.195 (ley federal de Educación) fue derogada explícitamente por el artículo 132 de la ley 26.062 ,la ley de Educación Nacional vigente a la que el Suteba Bahía Blanca también criticara oportunamente por considerar que tenía más elementos de continuidad que de ruptura respecto al anterior instrumento legal .
La ley 24.586 refiere al Pacto Federal Educativo firmado en 1993 que legitimó la transferencias de escuelas secundarias a las provincias profundizando la política de la dictadura militar que ya había transferido las escuelas primarias .Esta norma ya no rige y fue reemplazada en el 2005 por la ley de Financiamiento Educativo que se propuso alcanzar la meta del 6% del PBI en inversión educativa para los 5 años siguientes pero no modificó la estructura de 24 sistemas educativos (uno por provincia) con sus secuelas de fragmentación y desigualdad.
La ley 24.521 de Educación Superior, también del gobierno menemista, sigue hoy vigente con algunas modificaciones.
Lo expuesto pone de manifiesto que los funcionarios entrantes o bien desconocen las leyes vigentes o se remiten a leyes derogadas por compartir sus postulados político-educativos. El ministro Esteban Bullrich ha manifestado que se trata de un "error", pero el decreto aún no ha sido modificado.
En cualquier caso, afirmamos que no va a ser por decreto que se de solución a los males que padece la educación pública .Somos quienes trabajamos en educación como docentes y auxiliares, quienes asisten como estudiantes a la escuela pública y las familias que envían a sus hijos e hijas a las mismas ,quienes deberíamos ser los primeros partícipes en la elaboración de un nuevo instrumento legal que asegure el acceso al conocimiento para el conjunto social como un derecho inalienable.
Marcos
Paz, 14 de diciembre de 2015
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